Acciones legaloides del gobierno Sabinista dejan en indefensión a chiapanecas: organizaciones
* El Periódico Oficial imprimió la ley de Patenidad Responsable ocho meses después.
* La ley fue aprobada en Fast Track y está llena de irregularidades
* No es un hecho que se garantice y que se empodere a las mujeres
* No se cumple con el quinto punto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Vinicio Portela Hernández
Tuxtla Gutiérrez.- En el marco del día por la “Despenalización del Aborto”, asociaciones protectoras de la libertad sexual de las mujeres, realizan una serie de acciones encaminadas a lo que llamaron “nuestra libertad de decidir”.
En una conferencia de prensa, representantes de las organizaciones, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivo en México (DDSER), Colectivo Feminista Mercedes Olmedo (COMEFO) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, denunciaron las acciones ilegales que ha realizado el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Juan Sabine Guerrero, a fin de soslayar los derechos reproductivos de las chiapanecas.
En su intervención, Nancy Zarate Cansino, representante de la DDSER en Chiapas, informó que “pese a que la Constitución Nacional, en su artículo 4to, reconoce la libertad de las mujeres a decidir libremente sobre su reproducción, en 27 estados de la República Mexicana, se han presentado iniciativas para penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia… incluso cuando es resultado de una violación, su vida está en riesgo o cuando el producto tiene mal formaciones”.
Ante este hecho, Zarate Cansino enfatizó que “reanudamos la lucha a favor de la equidad para todas las mujeres del país y de manera particular en pro de la educación sexual laica y científica… y la libertad para decidir sobre la propia maternidad”.
Enfática, la representante de la DDSER, aseveró que “es un hecho que en nuestro estado se le criminalice a las mujeres por el derecho a decidir y no es un hecho que se garantice y que se empodere a las mujeres. A las mujeres se nos empodera con tener las leyes garantizadas y se nos respete el derecho a decidir”.
Por su parte, Olivia Vázquez Torres de la COMEFO, amplió la explicación legal en la que se basan para exigir al Gobierno del Estado la despenalización de aborto.
Dijo que “el 28 de agosto del año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica y una de las más importantes en materia de derechos humanos a nivel de toda la historia de la Corte, al reconocer que la ley en el Distrito Federal que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras doce semanas de gestación no contradice la Constitución”.
Pero dejó en claro que esta postura es sólo parte del derecho que ellas tienen para decidir sobre su propia maternidad y la salud sexual de las mujeres, “las feministas no aplaudimos el aborto, pero sí nos congratulamos que la resolución emitida por la Corte que declaró constitucional la despenalización del aborto, abone a crear las condiciones para que las mujeres no continúen muriendo por esta causa y para que las mujeres que así lo decidan tengan acceso real a servicios públicos garantizados, gratuitos y respetuosos de sus decisiones”.
Olivia Vázquez, explicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el tema del aborto en el Distrito Federal, es una decisión legal que es aplicable en toda la República, por lo que los Congresos locales deben actuar en consecuencia.
“Es de vital importancia recordar que la corte no sólo decidió que la ley que permite la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) es constitucional en la Ciudad de México sino también decidió que las legislaciones estatales restrictivas son inconstitucionales. Aunque no se sienta jurisprudencia con esta resolución ya que ésta sólo es obligatoria ante los tribunales, sí hay una obligación moral de los congresos estatales para legislar en el mismo sentido. El hecho de que la Corte haya declarado la constitucionalidad de la ley, da certeza jurídica a los legisladores locales.”
Reconoció que a fin de dar cumplimiento al quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, deberán los legisladores homologar la ley de ILE aplicada en el DF, “para avanzar en el ejercicio y vigencia de los derechos humanos de las mujeres”.
Asimismo, Martha Figueroa Mier, representante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, habló sobre las diversas formas de luchas legales en las que vienen trabajando en el estado, luego que en el año de 2009, el Congreso local aprobara una serie de iniciativas de reformas a los Códigos Penal y Civil para instaurar lo que nombraron “Paternidad Responsable”, el cual contraviene las disposiciones federales en la materia.
“Estas reformas constitucionales, en las que Chiapas fue parte del juego sucio e ilegales e ilegítimos procesos legislativos que vienen del Gobernador y que le hace juego el Congreso del Estado”.
Explicó Figueroa Mier, que es inédito la forma de actuar de los Legisladores, ya que estas iniciativas fueron turnadas del Ejecutivo al Legislativo en medio de la glosa del informe de Gobierno 2009, el ocho de diciembre y la cual asegura fue aprobada en "fast track” no sólo por los Diputados Locales, sino también por 68 municipios a través de sus Juntas de Cabildo y la cual representó una inversión económica extraordinaria, por lo que fue calificada por la feminista como un cochinero y dijo que “se suma la burla de ponerle paternidad responsable”.
Denunció que la Ley de Paternidad responsable no fue publicada en diciembre del 2009, después de que se aprobó, sino que fue impresa hasta en agosto de 2010 con la fecha de 28 de diciembre de 2009 como tercer tomo, en un acto que fue considerado por los grupos de mujeres de ilegal que las deja en un estado de indefensión.
“La respuesta incluso en junio y julio de este año, al director del periódico oficial fue ¿cuándo sacan esto?, cuando al señor Gobernador le sea políticamente conveniente, nos los dice de manera verbal y el riesgo es que nos dejen, como nos dejaron, con más de 300 amparos a punto de entrar cuando se formalizara esta legislación… es decir es una legislación fast trak, una legislación llena de irregularidades, un proceso legislativo lleno de irregularidades, igual que lo fue la reforma para las alcaldías y las diputaciones ”. Dijo la activista.
Martha Figueroa Mier, aseguró que no pudieron meter una controversia constitucional ya que los Alcaldes que las apoyaron fueron amenazados con la retención de recursos “si se aventaban una controversia constitucional no contra el Congreso, sino contra el Gobernador”.
La representante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal afirmó que ante este hecho el Gobierno del Estado las “dejó en total estado de indefensión, al imprimirla ocho meses después con una fecha de diciembre, estos son hechos y no… Chiapas”, concluyó.
