Actitud Sospechosa violenta los DDHH

En Síntesis…

“Actitud Sospechosa”

violenta los DDHH

Vinicio Portela Hernández

Seguramente usted a leído o escuchado en algún medio de comunicación los boletines que expiden dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chipas. En un gran porcentaje de estos informes, estas Instituciones policiales aseguran que a muchas de las personas indiciadas fueron detenidas porque actuaban con una “actitud sospechosa”.

Esta apreciación de los uniformados y elementos de seguridad es una de las armas más utilizadas para la aprehensión de los presuntos delincuentes, los cuales son exhibidos en periódicos, revistas, en la radio y la televisión.

Esta actitud de la autoridad es aceptada y vista con normalidad entre la población que está ávida de notas rojas y policiacas que calman los deseos morbosos de algunos lectores. Y me disculpo por el calificativo, pero es cierto.

Desde las Reformas Constitucionales del año 2011, donde nuestra Carta Magna reconoce a plenitud los Derechos Humanos y pondera la presunción de inocencia y el debido proceso, las autoridades de procuración e impartición de justicia y las de seguridad pública no ha comprendido a cabalidad el alcance de estos nuevos ordenamientos.

Los efectivos policiales siguen deteniendo personas a su libre albedrio, solo porque “parecen” delincuentes, sudan mucho, se ponen nerviosos o caminan más rápido de lo común, y además porque es más fácil que investigar.

Claro que muchos podrían achacar estas acciones porque los policías son, en su mayoría, personas sin preparación, y así consta cuando la convocatoria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contratar a nuevos elementos solo les pide estudios de preparatoria o equivalente. Así que la ignorancia la que trata de excusar a los uniformados, pero para la Ley esto no es así.

Pero qué pasa cuando los presuntos criminales son detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en el informe señala que lo capturaron por tener una “actitud sospechosa”, pues los Representantes Sociales los reciben, al detenido lo dejan de 48 a 72 horas de una celda y la gran mayoría de veces lo dejan en libertad por falta de pruebas en su contra. De llegarlos a consignar ante el Juez otra gran parte le dictan auto de formal liberación ya que el expediente del MP va con inconsistencias. Del resto los juzgadores inician el juicio y pasan años para luego declararlos inocentes. Todo esto gracias a que la “prueba madre” es la “actitud sospechosa”.

En todo este ciclo vicioso de la impartición de justicia las autoridades violentan flagrantemente los Derechos Humanos. En el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 3º dice a la letra: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” En el párrafo 5º dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Entendiendo la norma esta encuadra perfectamente en que la “actitud sospechosa” es violatoria a los DDHH y a nuestra Carta Magna, pero sigue siendo una práctica concurrente entre las corporaciones policiacas, aún cuando el texto Constitucional marca en su artículo 16 que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” Y aún así siguen deteniendo a personas por una “actitud sospechosa”.

Claro que también tendríamos que analizar que para que se cumpla la comisión de un delito hay ciertos requisitos que la autoridad deberá tomar en cuenta, pero quiero concentrar el análisis en algo que hacen a un lado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia en el Estado que es el principio legar de “presunción de inocencia”.

¿Pero esto qué es?, simple, que todas las personas somos inocentes al menos que después de un proceso jurisdiccional nos declaren culpable de un delito. O como dicen en las series policiacas “gringas”, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Pero en el estado no es así, las oficinas de Comunicación Social de la PGJE y la SSPC lanzan boletines de prensa declarando culpable a cuanto detenido hay, adjetivos como asesino, violador, ladrón, narcomenudista, entre otros, son las cabezas principales de las notas institucionales, los cuales también son evidentes violaciones a los derechos humanos de los inculpados.

Mientras tanto, el Procurador Raciel López Salazar y el Comisario Jorge Luis Llaven Abarca siguen presumiendo supuestos talleres de DDHH, cuando la realidad evidencia la negligencia de estos funcionarios donde sus empleados continúan discriminando a las personas aseguradas y los policías reciben recompensas por las personas detenidas, que por cierto de esto último muy pronto les daré detalles del “Operativo Exitoso” que está en acción en estos momentos en la PGJE para detener a discreción a cuantos personas puedan.

Regresando al tema. El todavía Consejo Estatal de Derechos Humanos deberá estar muy atento a este tipo de comportamiento criminales por parte de las corporaciones que dirigen Jorge Luis Llaven Abarca y Raciel López Salazar, ya que reiteradamente siguen violentando los DDHH acusando a los ciudadanos de una supuesta “actitud sospechosa” para incriminarlos. Este método policial debe extinguirse, no solo porque es un acto de discriminación y exceso de autoridad, sino porque es contrario a la nuestra Constitución Política y si nos creemos un estado democrático lo que debe imperar es el estado de derecho y no la apreciación de un policía.

Resultados
Para el gobernador Manuel Velasco Coello, los primeros nueve meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido de resultados favorables para los mexicanos, especialmente para Chiapas, en virtud de los recursos financieros y el interés presidencial para que la entidad salga adelante.

“En Chiapas también queremos mover a México; el programa más emblemático de la administración federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre, además de representar la razón de ser del quehacer gubernamental, es una gran esperanza para nosotros, es una gran oportunidad para revertir la pobreza y el hambre”, dijo el mandatario local al referirse a uno de los programas de mayor trascendencia que ha puesto en marcha Peña Nieto y que viene a dar certeza a miles de ciudadanos en condiciones de pobreza.

La postura de Velasco ante el Primer Informe de Gobierno, se ajusta a la opinión de la mayoría de los mexicanos que ven avances sustanciales en la actual administración.

Terminé

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