El negro historial de Florentino Gómez Girón

El negro historial de Florentino Gómez Girón

Vinicio Portela Hernández

Inmolación, crucifixión, costura de labios, desangramiento, toma de edificios públicos, ayunos, entre otros, han sido las medidas que miembros de la organización campesina “Ricardo Flores Magón” a utilizado para obligar a las autoridades de realizar sus pretensiones, primeramente para liberar a su líder Florentino Gómez Girón y ahora para que no se les finque responsabilidades penales por desplazamiento forzado de 13 familias indígenas en la comunidad de Chigtón.

En una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos arrojó pruebas de diversos actos ilícitos por parte de Gómez Girón y que llegaron al grado de que este organismo emitiera una recomendación al Gobierno del Estado para salvaguardar la integridad de los desplazados.

A continuación reproduzco parte de esta historia de represión y acoso de un grupo que utiliza la bandera de la lucha campesina para ocultar una realidad de criminalidad a los que son sometidos los miembros de la organización “Ricardo Flores Magón”:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investigó entre 2012 y 2013  el caso de 13 familias tsotsiles que fueron desplazadas del Ejido Chigtón, Chiapas, por indicaciones del líder Florentino Gómez Girón, que era reconocido en la región por su carácter violento. Ya en años anteriores había promovido y participado en la quema de la presidencia municipal de Ixtapa.

Con la revisión técnico-jurídica de las documentales, la CNDH concluyó que los desplazados habían sido víctimas de violación a sus derechos humanos y por tal razón emitió la recomendación al gobierno de Chiapas 84/2013, disponible en el portal del organismo nacional.

Los desplazados de Chigtón eran obligados por Florentino Gómez Girón, líder de la organización Ricardo Flores Magón, a realizar ilícitos y participar en “supuestas luchas” por la dignidad del pueblo, tapando carreteras y agrediendo a instituciones.

Cuando un grupo se opuso, Gómez Girón obligó a los integrantes del comisariado ejidal a que les suspendieran servicios de agua potable, la clínica de salud, los apoyos federales, estatales y les impuso multas de miles de pesos, y cuando los hoy desplazados no pudieron pagarlas, fueron golpeados, les despojaron de sus casas, parcelas y ganado, y los expulsaron bajo el sonido de balas.

Con este proceso comenzó para estos campesinos una historia de amenazas de muerte que aún no termina. La expulsión de sus tierras  generó no solo desintegración familiar, sino que rompió con todo su proyecto de vida y los orilló a dispersarse o vivir en albergues, en condiciones precarias e insalubres, lo que ha generado que padezcan enfermedades gastrointestinales e infecciones en la piel.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró urgente que las autoridades federales y estatales en Chiapas, impulsaran mecanismos de  atención y protección de las familias indígenas tsotsiles desplazadas y en razón de ello, el Gobierno del Estado ejecutó acción penal en contra de Florentino Gómez Girón.

Sin embargo, al estar en riesgo la vida de miembros de su organización y por solicitud de organismos protectores de Derechos Humanos, puesto que en los primeros días de diciembre de 2014, a uno de ellos le prendieron fuego sus propios compañeros, se intentó conciliar a los grupos antagónicos y se suspendió la ejecución de la acción penal en contra de Florentino Gómez Girón, quien hizo compromiso de alejarse de la vida ilícita y dejar en paz a las familias desplazadas.

Más fiel a su condición, siguió amenazando y su sobrino Agustín Gómez, al que le prendieran fuego sus propios compañeros y quien es atendido en el Centro Nacional de Rehabilitación con una cuenta millonaria, ahora amenaza con mutilarse los dedos si no cancelan las ordenes de aprensión que existen en contra del grupo Ricardo Flores Magón por petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fin de la cita.

Hasta en este momento las manifestaciones de esta organización se vuelven más violentos y atacan directamente a sus propios miembros. La pregunta de este caso sería: ¿qué espera la autoridad para ejercitar las medidas jurídicas para acabar con estas acciones que pretenden solo generar impunidad?, esperamos como sociedad una respuesta contundente y firme, con la fuerza que la misma Ley otorga.