En Síntesis…
Comités
de bienestar
Se les acabó la
minita de oro a quienes creían que con los recursos del pueblo, harían lo que
en gana les viniera. Por mandato inapelable del gobernador Manuel Velasco
Coello, los Comités de Bienestar que recién tomaron protesta para funcionar en
cada barrio y colonia de Tuxtla Gutiérrez, tendrán entre sus facultades,
denunciar a los malos funcionarios y a los que utilicen recursos públicos para
sus propios fines.
El
mandatario pone con esto, coto a abusos de funcionarios deshonestos y abre la
brecha para alcanzar la transparencia que los recursos públicos requieren y que
sin duda, fortalecerán la confianza en la administración presente.
Los
Comités de Bienestar, no son una ocurrencia. Son una acción que abona en
beneficio de la lucha contra la corrupción y será de vital ayuda para que en lo
sucesivo, cada colonia y barrio, avancen en el desarrollo y progreso propuestos
por el Ejecutivo.
Como
el propio Velasco Coello lo ha explicado, los componentes de dichos Comités,
serán los ojos y oídos de él en sus zonas de influencia social. A través de
éstos, el gobierno conocerá de manera directa y oportuna, las necesidades de la
gente y sobre esto, se construirán estrategias para atenderlas de manera
inmediata.
Ya
no serán obras al vapor ni mucho menos, al capricho de unos cuantos, sino solo
aquellas que las colonias realmente necesiten.
En
eso radica el éxito del plan que el mandatario puso en marcha y que abre nuevas
expectativas para los chiapanecos puesto, de acuerdo al anuncio hecho por el
gobernador, los Comités se extenderán a todo el estado, lo que significa que
cada comunidad tendrá su propio desarrollo, en base a sus reales necesidades.
Fusilados
Por
su importancia reproduzco comunicado de prensa conjunto de la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
con el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) donde denuncia que existe evidencia
del fusilamiento de 22 presuntos delincuentes en el Estado de México. De confirmarse
esta versión se estaría ante uno de los casos más graves de violaciones a los
DH en la historia del México actual, ahora con escuadrones de la muerte. Aquí
la información:
En
días recientes, la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió
información sobre la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya en el
Estado de México. En el reportaje -que fue retomado por medios como The Washington Post-, se dice que
“existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un
paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los
fusilaron en el Estado de México”.
Días
después de salir a la luz el reportaje de AP, la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México (PGJEM), a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez,
rechazó que la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya
-registradas el pasado 30 de junio-, haya sido resultado de un fusilamiento por
parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre
presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada
Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”, sostuvo el
funcionario.
Sin
embargo, un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de inspeccionar la bodega donde fueron
ejecutadas estas 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la
cerraran. No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado
soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Y según el reportaje de
AP, el observador mencionó que no había tampoco señales de disparos efectuados
desde el interior.
Estos
hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el
patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a
partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el
Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados
en todo el territorio mexicano.
El
gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar
investigaciones inmediatas, independientes e imparciales. Las organizaciones
que suscribimos hemos enviado una solicitud de información para conocer el
dictamen de la PGJEM, sobre los hechos, e insistimos en que esta información
debe de ser de carácter público.
Exhortamos
al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la
Procuraduría General de la República inicie de inmediato investigaciones
penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el
uso indebido de armas de fuego por parte de la SEDENA.
Terminé
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