viernes, 25 de julio de 2014

Comités de bienestar

En Síntesis…
Comités de bienestar
Vinicio Portela Hernández
Se les acabó la minita de oro a quienes creían que con los recursos del pueblo, harían lo que en gana les viniera. Por mandato inapelable del gobernador Manuel Velasco Coello, los Comités de Bienestar que recién tomaron protesta para funcionar en cada barrio y colonia de Tuxtla Gutiérrez, tendrán entre sus facultades, denunciar a los malos funcionarios y a los que utilicen recursos públicos para sus propios fines.
El mandatario pone con esto, coto a abusos de funcionarios deshonestos y abre la brecha para alcanzar la transparencia que los recursos públicos requieren y que sin duda, fortalecerán la confianza en la administración presente.
Los Comités de Bienestar, no son una ocurrencia. Son una acción que abona en beneficio de la lucha contra la corrupción y será de vital ayuda para que en lo sucesivo, cada colonia y barrio, avancen en el desarrollo y progreso propuestos por el Ejecutivo.
Como el propio Velasco Coello lo ha explicado, los componentes de dichos Comités, serán los ojos y oídos de él en sus zonas de influencia social. A través de éstos, el gobierno conocerá de manera directa y oportuna, las necesidades de la gente y sobre esto, se construirán estrategias para atenderlas de manera inmediata.
Ya no serán obras al vapor ni mucho menos, al capricho de unos cuantos, sino solo aquellas que las colonias realmente necesiten.
En eso radica el éxito del plan que el mandatario puso en marcha y que abre nuevas expectativas para los chiapanecos puesto, de acuerdo al anuncio hecho por el gobernador, los Comités se extenderán a todo el estado, lo que significa que cada comunidad tendrá su propio desarrollo, en base a sus reales necesidades.

Fusilados
Por su importancia reproduzco comunicado de prensa conjunto de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) donde denuncia que existe evidencia del fusilamiento de 22 presuntos delincuentes en el Estado de México. De confirmarse esta versión se estaría ante uno de los casos más graves de violaciones a los DH en la historia del México actual, ahora con escuadrones de la muerte. Aquí la información:
En días recientes, la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió información sobre la ejecución de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya en el Estado de México. En el reportaje -que fue retomado por medios como The Washington Post-, se dice que “existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron en el Estado de México”.
Días después de salir a la luz el reportaje de AP, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de las 22 personas en el municipio de Tlatlaya -registradas el pasado 30 de junio-, haya sido resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que “se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar”, sostuvo el funcionario.
Sin embargo, un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de inspeccionar la bodega donde fueron ejecutadas estas 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la cerraran. No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Y según el reportaje de AP, el observador mencionó que no había tampoco señales de disparos efectuados desde el interior.
Estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.
El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales. Las organizaciones que suscribimos hemos enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la PGJEM, sobre los hechos, e insistimos en que esta información debe de ser de carácter público.
Exhortamos al Gobierno de la República que haga pública la información del caso y que la Procuraduría General de la República inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables de haber cometido homicidio por el uso indebido de armas de fuego por parte de la SEDENA.

Terminé
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