En Síntesis…
¿Más penas, menos delincuencia?
Los estudiosos del
derecho han dicho hasta el cansancio que el impacto disuasivo de elevar las
penalidades no afecta los índices delincuenciales, esto significa que aún
cuando las penas sean más altas la criminalidad no baja.
Esto
lo menciono ya que apenas hace unos días en el Senado de la República “endureció”,
ese es el término que utilizaron, las penalidades en materia de secuestro, el
cual puede alcanzar una sanción corporal de hasta 140 años de prisión y multa
de hasta 24 mil días de salario mínimo.
Uno
de los que defendió esta reforma fue el Legislador del “millón de votos”, Roberto
Albores Gleason, quien aseguró, en un boletín de prensa, que esta medida es para
proteger la libertad de todos los ciudadanos.
Y
desafortunadamente en nuestro país esta práctica delincuencial es una de las
más socorridas por la delincuencia organizada para hacerse de recursos
económicos, que solo en los estudios criminológicos del año 2012 los casos de
secuestro llegaron a la estratosférica cifra de 15 mil y que año con año esta estadística
sigue en aumento permanente de más del 30 por ciento.
Para
lo que se puede considerar como una sanción de cárcel perpetua, ya que sería
imposible que alguna persona alcanzara a cumplir los 140 años de prisión, esta
medida está rebasada por las experiencias a nivel mundial que indican que una mayor
penalidad no disminuye los índices de criminalidad en el delito a la que se le señale.
Los
Legisladores, y sus supuestos asesores, no toman en cuenta para la evaluación
de sus reformas algo básico en la creación de nuevas reglamentaciones que es
las fuentes del derecho. Una de ellas son las fuentes reales, la que por hechos
sociales, políticos, culturales, etcétera, son las que se toman en cuenta para
legislar.
Una
fuente real es esa experiencia y estudios a nivel internacional que nos indica
claramente que no afecta en nada, que no frena a que los delincuentes cometan
un acto ilícito.
En
pocas palabras, el criminal que su modus vivendi es el secuestro no se verá
perturbada su decisión de seguir privando de la libertad y de la vida a los
ciudadanos sí con ello puede obtener altas ganancias económicas.
Quiero
ser claro en esto, sin ser redundante, pero en este momento un secuestrador no
va a dejar en libertad a una víctima por saber que ahora lo pueden sancionar
con 140 años de cárcel y que tendrá que pagar una multa de más de un millón y
medio de pesos, cuando sabe perfectamente que la impunidad, la corrupción, el
burocratismo judicial y la falta de preparación, o pereza, de los agentes
investigadores están a su favor.
Pueden
los Diputados y Senadores aumentar todo lo que quieran las penas, es más,
pueden hasta llegar a castigar con la muerte a los delincuentes y eso no va a
disuadir a que se siga cometiendo estos ilícitos por las ventajas que el
sistema penal mexicano, en su operatividad real, les brinda.
La
organización de Amnistía Internacional, en su informe “Not Making Us Safer”, hace
referencia a que la pena de muerte debe ser abolida de las legislaciones
penales mundiales. Asegura: “no existe ni una sola prueba fehaciente de que sea
un factor disuasorio para delincuentes y criminales, y solamente se usa con
fines políticos”, es así que la solución a esta problemática no radica en elevar
las sanciones sino aplicar el irrestricto estado de derecho.
Pero
que significa tan rimbombante concepto. Primeramente que se cumpla lo que
ordena la ley, eso representaría que los funcionarios públicos que se
encuentran a cargo de la seguridad pública y procuración e impartición de
justicia sean personas preparadas eficientemente en la investigación de los
ilícitos. Además que estos servidores públicos sean honestos, que no busquen
atajos a la ley y que no permitan actos de corrupción. Sin olvidar que la ley
se debe aplicar de manera expedita, sin distinción económica y sin dilación.
Si
lo anterior se aplicara a la perfección, si estos funcionarios no buscaran su
beneficio personal económico, estoy seguro, que aún cuando la penalidad en un
secuestro fuera de 10 años, todos los secuestradores estuvieran purgando una
pena y esa haría que los ciudadanos creyeran en sus instituciones.
Estoy
totalmente de acuerdo con lo que marca los estudios de Amnistía Internacional,
elevar las penalidades, en ese caso la de muerte, solo es una cuestión de
demagogia política que en nada ayuda a la pasificación de la violencia criminal
de los pueblos.
Columnistas
Estoy muy contento por la invitación que me hizo mi amiga
Mary Jose Díaz Flores, Presidenta de la Asociación de Columnistas Chiapanecos,
para ocupar la Vicepresidencia de nuestra asociación civil.
Aún cuando busqué ese peldaño, haciéndolo con propuestas, no
existen rencores ni enojos por haber perdido la elección, es más me siento
orgulloso de tener compañeros que sean de avanzada y que no tengan ningún
complejo para que una mujer los dirija.
La renovación de la Mesa Directiva de Asociación de Columnistas
está en marcha, a todo vapor, con entusiasmo daré mi mayor esfuerzo para sacar
adelante al gremio de periodistas de opinión.
Mis propuestas y metas seguirán en marcha, pero ahora acompañado
de mi colega Mary Jose con la cual me ligan lazos de cariño, respeto y
admiración los cuales serán mi estandarte para trabajar a favor de mis
compañeros.
Reitero, que trabajo que se hace desde el interior de la
organización es de unión, que ahora encabeza mi dirigente Mary Jose Díaz
Flores.
Protección
Civil
Orientar, atender, auxiliar y proteger a los cientos de miles
de personas que se encuentran en regiones de alto riesgo por las lluvias
generadas por el mal clima, son algunas de las acciones que el gobierno de
Chiapas está tomando para la época de ciclones que ya arrancó en el Pacífico.
Manuel Velasco Coello, ha estado pendiente del tema y
encabeza constantemente, reuniones de trabajo para coordinar los actos de
prevención.
En ese sentido, ha pedido a la ciudadanía sumarse a los
trabajos y estar pendientes de las indicaciones de los expertos para evitar
desgracias personales
Terminé
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