El derecho de conocer a los Gobernantes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó parte del artículo 7 del Código Electoral y Participación Ciudadana, donde se establecía que los “suspirantes” a un cargo de elección “podrían” someterse a exámenes de control de confianza a fin de tener la certeza de que son aptos física y mentalmente para el cargo en el que quisieran contender.
En una votación mayoritaria, el cuerpo colegiado de Ministros “echó pá tras” el párrafo III de dicho ordenamiento, al considerarlo violatorio a los principios constitucionales “de certeza y equidad” porque ni la Carta Magna y menos la Legislación estatal, exige como requisito de elegibilidad para los contendientes aprobar las pruebas psicológicas, toxicológicas y poligráficas para acceder a una candidatura.
En primer lugar, es muy raro que esta controversia la realizó la Procuraduría General de la República, claro que esa institución es la encargada de hacerlo, pero al mismo tiempo es incongruente ya que la PGR es pionera en aplicar estos exámenes a sus empleados y si no pasan, aún cuando ya estén contratados, es motivo de que los renuncien de sus cargos.
Así que la misma dependencia que pugna por tener los mejores elementos, también es la misma que refuta la práctica de control de confianza. Muy contradictorio, ¿no creen?.
Por otra parte, los Ministros basan su dictamen en el principio de “certeza y equidad”. Y no se dará más certeza a la ciudadanía saber que su candidato es una persona honorable y que no tiene problemas, sean físicos o mentales.
Qué más equidad, que confirmar que un aspirante no tiene relaciones con el crimen organizado, las drogas o es aficionado armas de fuego.
Las pruebas de control de confianza daría mayor seguridad a los votantes y no estarían siendo engañados por delincuentes disfrazados de políticos.
Sin entrar en los planos de lo “mocho y espantado”, los ciudadanos tienen todo el derecho a saber si su gobernante es “bolo”, drogadicto, alcohólico, golpeador de mujeres, ratero, lambiscón, apostador, mujeriego y otras cosas más que pudieran afectar su desempeño en la toma de decisiones.
Si para obtener un trabajo en una institución de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, le piden a cualquier “parroquiano” apruebe los exámenes de control de confianza, con mayor razón deberían de realizárseles a los que nos van a gobernar.
El Código de Elecciones y Participación Ciudadana tenía una instrumentación para que la población le exigiera a sus candidatos ser transparentes en su vida pública, la misma legislación señalaba que “podrían” aplicarse dichas pruebas, no era a la fuerza, pero permitía a los que se la hicieran tener la certidumbre con sus seguidores.
Solo hay que imaginar que este párrafo III del artículo 7 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana fuera un ordenamiento federal, hoy la ciudadanía sabríamos si Josefina Vázquez Mota tiene realmente un problema de alcoholismo, como lo han dejado entrever sus adversarios.
Por otro lado, Enrique Peña Nieto hubiera tenido que decir mucho antes que es aficionado a las mujeres, que engañó a su esposa y tuvo un hijo fuera del matrimonio, por lo que la popularidad entre el sexo femenino estaría muy afectado en sus preferencias.
Y claro, que conociéramos la condición psicológica de Andrés Manuel López Obrador, que para muchos es un desquiciado charlatán y mitómano, que podría estar encuadrado en el plano de un obsesivo compulsivo, pero con un examen de control de confianza se despejarían todas las dudas.
Lugo de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los chiapanecos estaremos otra ves a expensas de los dichos de los candidatos, sus enfermedades, vicios y psicopatías no las podremos saber, pero aún así, van a llevar el destino de nuestro pueblo por no tener las herramientas necesarias para poder exigirles transparencia a los políticos en su vida privada para ser óptimos en la vida pública. Ni pex!
RECORTES
“Siguiendo con la encomienda del Gobernador Juan Sabines Guerrero, hemos creado esa sinergia entre el sector privado y gobierno del estado para generar una mejor calidad de vida para los chiapanecos y eso es a través de mejores empleos, trabajos seguros con prestaciones de ley y que son sinónimo de estabilidad social, económica y laboral de la entidad”, señaló la Secretaria del Trabajo, Esther Almazán…// Estaré muy pendiente de la iniciativa del Regidor Raúl Bonifaz, denominada “Quita un anuncio, ama a tu ciudad”, respecto a la invasión que hay de publicidad electoral en las calles de las principales poblaciones del estado, las cuales, según Bonifaz Moedano violan las normas vigentes en el uso de propaganda. Lo más interesante es que alude que si un ciudadano quita una publicidad no es ilegal, así que si tiene eco su convocatoria, muchas colonias podrán lucir limpias de contaminación visual.
Terminé
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