Un torturador en la PGR Chiapas

En Síntesis…

Un torturador en la PGR Chiapas

Vinicio Portela Hernández
Los antecedentes penales y de abuso de autoridad del Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas son bien conocidos en el estado, la que parece que la “virgen le habla” es a la titular de PGR, Marisela Morales, quien protege a “capa y espada” a Jorge Luis Llaven Abarca pese a que esa oficina federal ha caído en el letargo desde la llegada de ese “minúsculo” personaje.
Pero es necesario ejemplificar estos actos fuera de la ley que lo llevaron a Llaven Abarca, de forma por demás extraña, a ocupar esa Delegación como si fuera un premio, pero su historia obscura la seguirá arrastrando en su curriculum de “hampón”.
Uno de estos casos conocidos fue el ocurrido el contra de Noé Jiménez Pablo, cuando Jorge Luis Llaven Abarca fingía como Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El 26 de julio de 2001, Llaven Abarca ilegalmente instruyó la detención de Jiménez Pablo, luego de iniciar días antes la Averiguación Previa 253/CAJ4B2/2001 por el delito de despojo en agravio del patrimonio del Gobierno de Chiapas.
Que por cierto, caso curioso, esta indagatoria fue promovida en su momento por Nelda Rosa Camacho Alayola, representante legal del Gobierno del estado en la administración de Pablo Salazar Mendiguchía. Que ahora “doña Nelda” se encuentra huyendo por un proceso penal por el delito de fraude e enriquecimiento inexplicable al contratar, un día antes de que concluyera el periodo de PSM, un seguro por fallecimiento y bono sexenal por una suma superior a los 104 millones de pesos.
Según la Averiguación Previa, “el 28 de enero de 2001, aproximadamente a las 12:00 horas, los señores Francisco Jiménez Pablo, Noé Jiménez Pablo, Manuel Hernández Olán, Orvelia Escobar Munguía, María Cristina Mendoza Munguía y José del Carmen Estrada, en compañía de 550 personas se posesionaron ilegalmente del predio denominado "el Manguito y su anexo los Capulines", ubicado en el lado norte-oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.”
Bajo estos hechos, aproximadamente a las 15:30 horas del jueves 26 de julio de 2001, fue detenido Noé Jiménez Pablo “en la colonia Unidad Chiapaneca, en Tuxtla Gutiérrez, por agentes de la Policía Judicial.” 
Luego lo trasladaron a las oficinas de esa corporación policiaca y alrededor de las 23:30 horas, los agentes policiacos le pusieron un sobre color amarillo en la cabeza para sacarlo de la Procuraduría General de Justicia y lo trasladaron a un domicilio particular, donde fue entrevistado por un comandante sobre las actividades del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Mocri-CNPA).
Donde estuvo hasta las 21:00 horas del 27 de julio de 2001, cuando nuevamente lo trasladaron a las oficinas de la Policía Judicial. Y que hasta ese momento no había tendido declaración alguna ante el agente del Ministerio Público, Jorge Luis Llaven Abarca.
Lo anterior es parte de las indagatorias que la Comisión de los Derechos Humanos realizó dentro de la recomendación 01/2002 expedida el 12 de enero de 2002 y que llevaron a la conclusión que “desde el momento de la retención del agraviado, decretada por esa autoridad (23:40 horas del 27 de julio de 2001), hasta que el mismo emitió su declaración ministerial (14:30 horas del 30 del mismo mes y año), existe un periodo aproximado de 60 horas, durante el cual muy probablemente existió incertidumbre e inseguridad jurídica en la persona del agraviado, lo cual obviamente resulta contrario a Derecho.”
Por lo cual, asegura el organismo de protección de los derechos humanos “contravinieron los artículos 16.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 5o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 6o. de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.”
Pero el 31 de enero de 2002, a través de los oficios PGJE/043/2002, SG/00037/2002 y SSP/33/2002, Mariano Herrán Salvatti, Procurador General de Justicia; Emilio Zebadúa González, Secretario de Gobierno, y Mauricio Gándara Gallardo, Secretario de Seguridad Pública, informaron a la Comisión de Derechos Humanos la no aceptación de la Recomendación 01/2002. 
El colmo del descaro por parte de las autoridades, pero por qué de la importancia de esta recomendación.
En su numeral tercero decía a la letra: Al licenciado Mariano Herrán Salvatti, Procurador General de Justicia del estado, para efecto de que solicite a quien corresponda se inicie un procedimiento administrativo de investigación y se integre una averiguación previa en contra del licenciado Jorge Luis Llaven Abarca, agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Número 3, que integró la averiguación previa 253/CAJ4B2/2001 en contra del señor Noé Jiménez Pablo; asimismo, contra el comandante y elementos de la Policía de la Agencia Estatal de Investigación, que detuvieron y retuvieron arbitrariamente a dicha persona.
Sí esta recomendación se hubiera respetado y llevado a cabo, seguramente el entonces MP Jorge Luis Llaven Abarca hubiera perdido su trabajo y su libertad, lo que le hubiera impedido ser Delegado de la Procuraduría General de la República, pero principalmente se hubiera prevenido la muerte de una persona.
El caso de Luis Ignacio Lara Vidal es parte del negro historial de Llaven Abarca, donde bajo su custodia murió por una salvaje tortura que le fue propinada.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto de 2005, Miguel Ángel Maza De la Cruz, quien en ese entonces era titular de la Unidad Especializada en Homicidios y el Fiscal Oscar Porfirio Ocampo Pascacio, investigaban el asesinato de una maestra y su hijo perpetrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Según los informes de la Procuraduría, estos dos servidores públicos instruyeron a dos Agentes Estatales de Investigación y a dos Fiscales del Ministerio Público, Jorge Luis Llaven Abarca y Miguel Cruz Chacón a trasladarse al municipio de Cintalapa para cumplimentar un “supuesto” oficio de detención en contra de Luis Ignacio Lara Vidal, conocido comúnmente como “El Güero”.?Disfrazados de Agentes Federales de Investigación, los elementos policiales y fiscales detuvieron a Lara Vidal a punta de pistola y golpes en presencia de su esposa, María de los Ángeles Hernández Vera, y su menor hija, a quienes amenazaron reiteradamente, sin que en ningún momento presentaran la orden de aprehensión correspondiente.
El Güero no fue llevado a las oficinas de la Procuraduría en Tuxtla Gutiérrez, sino trasladado a un domicilio particular ubicado en el número 208 de la Calzada del aeropuerto de Terán.
Según la investigación que realizara la extinta Comisión de Derechos Humanos, en su recomendación CDH/007/2005, y de la propia Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, en su Averiguación Previa 071/2005, consta que los funcionarios públicos involucrados en el deceso de Luis Ignacio Lara Vidal se encuentran Jorge Luis Llaven Abarca, Oscar Porfirio Ocampo Pascasio, Miguel Cruz Chacón y Miguel Ángel Maza de La Cruz.
La tremenda golpiza sufrida por Lara Vidal en el domicilio particular le produjo estallamiento de viseras y de testículos, exposición de materia ósea por fractura expuesta del cráneo, a demás de encontrarle quemaduras de cigarro y golpes por todo su cuerpo.
Por ello, la Comisión de los Derechos Humanos emitió la recomendación CDH/007/2005 a la Fiscalía General, en la que señala: “La actuación de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la FGE, sí evidencia que incurrieron en una responsabilidad como servidores públicos, contraria a derecho, al emplear el uso de la fuerza y la violencia física innecesaria al realizar la detención de la persona que respondía al nombre de Luis Ignacio Lara Vidal. En consecuencia, dicha actuación se traduce en una conducta delictiva como el abuso de autoridad, lesiones y amenazas.”
Así mismo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., calificó este deceso “como una “muerte sospechosa” producida por violación de los derechos humanos, ante las circunstancias en las que ocurrió y puesto que fue bajo custodia de funcionarios del estado, se tiene la sospecha de que puede tratarse de una Privación Arbitraria de la Vida.”
Hasta el día de hoy, sólo hay un responsable en la cárcel, Oscar Porfirio Ocampo Pascacio, ex fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Homicidios, por el delito de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Los demás gozan de total libertad o son premiados como en el caso del Delegado de la PGR, Jorge Luis Llaven Abarca, que pese a que organismos de defensores de derechos humanos han constatado su participación en actos de tortura, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, este “señorcito” puede estar al frente de la procuración de justicia federal en Chiapas.
Es incongruente pensar, o tan sólo imaginar, que Llaven Abarca pueda pasar una prueba de control de confianza con sus antecedentes, pero al parecer su “padrino político” puede más que la Procuradora Maricela Morales.
Cabe hacer mención, que el Delegado Estatal de la PGR no quiso darme una entrevista, rechazó ser cuestionado de estos hechos y que a través de la incompetente enlace de comunicación social, Olga Paolina Gloria Bonifaz, se opuso a la entrevista al aludir que eso es un asunto personal de su “jefe” y que sería mejor que lo agarrara en la calle o en un evento.
Es más, Gloria Bonifaz me sugirió que mejor me acercara al Presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Florencio Madariaga Granado, que a lo mejor él tenía más datos del asunto. Pero que preguntaría si mi solicitud de entrevista podía pasar por el filtro de Dirección General de Comunicación Social de la PGR, que está ubicada en la Ciudad de México.
Nada de esto paso. Pero la ineficiencia y falta de profesionalismo de Olga Paolina Gloria Bonifaz quedó al descubierto al igual que los antecedentes obscuros de su jefe, el Delegado Jorge Luis Llaven Abarca.
La pregunta sería: ¿hasta cuándo la Procuradora, Maricela Morales, va a soportar tener un torturador como Delegado de la PGR en Chiapas?

Del PIN del Bonsái
Que buena exhibida les pegó Milenio Diario a Juan Carlos Moreno, ex Ombudsman de Chiapas y ex diputado local, al igual que al hermanito “Pastor” de Pablo Salazar Mendiguchía, Roldán Salazar.
A través de un video de YouTube, del usuario Jesús Corzo Hernández, titulado “La verdad en la deuda de Chiapas Juan Sabines”, presenta una conversación a través del PIN de BlackBerry entre estos dos personajes, donde conversan sobre un complot orquestado contra Sabines Guerrero y demás de una campaña mediática y de redes sociales para crear un rumor, supuestamente, que el estado está endeudado y que la población tendría que pagar las consecuencias.
Cabe destacar que en el video se aprecia que la conversación proviene del teléfono móvil de Juan Carlos Moreno directamente, por lo que la grabación debe de ser de alguien muy cercano a este, o sea que el enemigo lo tiene en casa.
Pero por falta de espacio, este análisis lo dejaré para la próxima entrega. Teniendo en cuenta que hay que indagar quiénes son esos periodistas que se prestaron al juego del “bonsái” Moreno y del “Pastor” a cambio de unos buenos “quinquirrines”. 

Terminé
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